El descubrimiento del enemigo interno

La agenda de seguridad en Colombia hasta hace poco se definía con base en amenazas internas: la subversión, el narcotráfico, el terrorismo, las Bandas Criminales –BACRIM-, los Grupos Armados Organizados -GAO-,

Todas ellas eran amenazas formadas dentro de las fronteras nacionales, y aunque tenían un correlato internacional: la doctrina de la seguridad nacional y la guerra fría, o las guerras internacionales contra el  narcotráfico o el terrorismo, ya por lo menos nos habíamos acostumbrado a que las fuentes de las amenazas podían localizarse en el territorio nacional. Sin embargo, ahora a esas amenazas habría que adicionar una más, inédita en la experiencia colombiana, al menos en las últimas décadas: la externa.  

En febrero de este año se anunció una nueva Política de Defensa y Seguridad, por medio de la cual se planteó que la existencia de regímenes dictatoriales y su apoyo a grupos terroristas constituía una amenaza a la seguridad nacional. Veamos:

A nivel internacional, (…) sobresalen los regímenes no democráticos, las crisis humanitarias y la migración masiva irregular, la injerencia de potencias ajenas al hemisferio, el patrocinio y tolerancia estatal con organizaciones terroristas y de narcotráfico en la región y la pretensión de despojar al país del territorio; todos ellos factores que afectan la seguridad nacional (Ministerio de Defensa Nacional, 2019: 28-29).

Pero no se trata solo de esta mención, para asumir que estamos asistiendo a un la creación de un nuevo tipo de enemistad. Habría, al menos otros otras dos situaciones que reafirman la idea de que el enemigo interno ya no da tantos réditos (tal vez porque no se ha podido construir un relato lo suficientemente convincente de que los GAO o las disidencias armadas pueden amenazar efectivamente la seguridad nacional o ciudadana, o porque en un gobierno con una gobernabilidad y unos niveles de aprobación tan precarios, el episodio con Venezuela y el “cerco diplomático” que se levantó es de los pocos hechos políticos que han permitido un pequeño repunte).

Me refiero a la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca -TIAR- y a menciones cada vez más frecuentes de que las protestas estudiantiles de las últimas semanas fueron infiltradas por el gobierno venezolano y no por grupos armados nacionales, como se afirmó durante varias décadas.

En cuanto a lo primero, afirmar que desde Venezuela se urden y ejecutan ataques y denunciar ante la Asamblea de la ONU con un dossier que incluyó hasta imágenes de “contexto” nos muestran un nuevo repertorio de acciones para crear problemas de seguridad, sobre todo porque el TIAR es un instrumento de defensa continental aprobado en 1947 en plena Guerra Fría, en momentos en los que las dos potencias del mundo bipolar de entonces, Estados Unidos y la URSS, buscaban alinear al mayor número de Estados a la protección de sus intereses estratégicos. En virtud de este tratado internacional es posible, incluso, recurrir a acciones armadas si se demuestra que los actos de agresión no cesan.

Por otra parte, las recientes afirmaciones de altos funcionarios como la vicepresidenta, sobre las protestas estudiantiles de las últimas semanas parecen reafirmar el giro en el discurso al que se ha aludido. Hasta hace apenas pocos años, a este tipo de manifestaciones se les vinculaba con grupos que hacían presencia en territorio colombiano, pero ahora, ante la captura de 4 ciudadanos de origen venezolano junto a otros 31 colombiano, aparentemente vinculados con los desórdenes de las últimas semanas, se afirma con vehemencia que la manifestación fue infiltrada por agitadores provenientes del extranjero para alterar el orden en Colombia.

Sea cual sea el origen de la presunta amenaza a la seguridad ciudadana, tanto la vicepresidenta como el Ministro de Defensa han expresado la necesidad de regular el derecho a la protesta social, pero ahora pareciera que enfatizan en su reglamentación –es decir, su restricción- porque la protesta puede ser infiltrada. 

Lo anterior, hace suponer que el actual gobierno quiere construir un nuevo problema de seguridad. A ese proceso se le ha llamado securitización y suele implicar: a) la identificación una amenaza, b) la afirmación de que los medios ordinarios no son suficientes para conjurarla, por lo que normalmente viene acompañada de una serie de medidas de orden excepcional, y, c) finalmente, la creación de una audiencia que habilite dicho proceso, que es a lo que parece apuntar la manera como se está construyendo un nuevo relato, conforme al cual, problemas referidos a los motivos y repertorios de protesta social ahora son el resultado de injerencias externas.

En conclusión, este gobierno afirma con insistencia que el régimen de Venezuela no sólo es una dictadura, sino que además protege a grupos que se han alzado en armas contra el Estado colombiano, o, cómo ha planteado la vicepresidenta, se trata de un régimen tan amenazante que tiene incluso la capacidad de infiltrar las protestas sociales.

Todo ello hace suponer que asistimos a la construcción de un nuevo problema de seguridad con nuevas amenazas, nuevos discursos -para construir enemigos y crear audiencias- y con una enorme incertidumbre sobre las estrategias de intervención para enfrentar la nueva amenaza.

UdeA