El caso Uribe y el retorno del Estado de opinión

“NohayDemocraciaSinJusticia”, “JusticiaConGarantías” eran algunos de los hashtags más retwiteados por el partido de gobierno y sus simpatizantes, horas antes de que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictara una medida de aseguramiento de detención domiciliaria en contra del senador Álvaro Uribe.

Vistos desprevenidamente, harían pensar que, al margen de la preferencia política, estamos es una sociedad en la cual se reivindica la independencia judicial y su lugar en el marco de un Estado de derecho. Pero, ante el anuncio de la Corte, fue notorio que esos hashtags se referían a algo completamente distinto, que poco importa una justicia independiente en una democracia, o la necesidad de que la administración de justicia tenga las garantías suficientes para hacer su trabajo, aún bajo la presión de otros poderes o de importantes sectores de la opinión pública.

Estamos tan habituados a ataques contra nuestra democracia y sus instituciones, que ya pocos nos sorprenden. Sin embargo, los últimos acontecimientos producen renovados motivos para preocuparnos. Hasta los presidentes de las altas cortes tuvieron que publicar en la antesala de la referida decisión un  comunicado recordando algo en lo que no tendría por qué insistirse: que estamos en un Estado de derecho y que tanto la autonomía como la independencia judicial constituyen elementos centrales de un sistema democrático.

Las reacciones contra la decisión y la Corte fueron diversas. Incluían las que podríamos decir implican una salida institucional, como la convocatoria de una asamblea nacional constituyente para “despolitizar la justicia y recuperar la confianza en las instituciones” -incluso el Presidente de la República se ha sumado a esta iniciativa, aunque precisando que no se trata de algo que guarde relación con esta coyuntura-, y otras mucho más preocupantes que hacían llamados a la reserva activa. En ambos casos, sin embargo, es notorio el desdén con las instituciones y en particular con una decisión judicial adoptada con base en criterios jurídicos, aunque con indudables efectos políticos. Ambas reacciones preocupan, pero ahora me quiero referir a la primera.

Parece haber algo inédito en todo esto, en el rediseño institucional con fines personalistas. Pero si observamos el fenómeno en detalle, lo más seguro es que no se trate más que de un eco, de una resonancia de doctrinas y experiencias por las que ya hemos trasegado. Si recordamos acontecimientos políticos recientes, notaremos que este llamado al rediseño institucional para favorecer a una sola persona ya lo vivimos y se llama Estado de opinión.

Como se recordará, en el contexto del debate sobre la segunda reelección presidencial, cuando el presidente en ejercicio era el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, se afirmó que se trataba de una “expresión superior del Estado de derecho”. En el 2019 se llegó a proponer que reconociendo a la opinión pública como uno de los elementos integrantes de un estado derecho, “para el expresidente y senador, Álvaro Uribe, lo que más caracteriza al Estado de derecho, es una alta participación de la opinión pública dentro del ordenamiento jurídico”.

Aunque se trate de presentarlos como equivalentes, creo que difieren y que hay tensiones más o menos evidentes en las racionalidades del Estado de derecho, en el cual el ejercicio del poder está sujeto a reglas, y el Estado de opinión, en el cual hay una prevalencia de la opinión pública como criterio rector para la toma de decisiones. Mientras en el primero, como se plantea en los clásicos debates del pensamiento político, prima el gobierno de las leyes por encima del gobierno de los hombres, en el segundo se cree que frente a hombres y liderazgos excepcionales la existencia de reglas que limiten son ante todo formalismos que poco o nada aportan a  una democracia, que más bien la pueden perturbar.

Como decía, algo de este debate se puede notar en el llamado a reformar la justicia y a unificar las cortes para favorecer a una sola persona. En medio de la consternación que produjo la medida de aseguramiento en contra del senador Uribe,  algunos sectores de la opinión pública están induciendo a una serie confusiones, sobre las cuales cabría hacer algunas precisiones rápidamenete.

En primer lugar, se plantea la idea de que la medida adoptada contra ex presidente hace parte de una conjura de la izquierda y no se entiende cómo quienes “arrasaron la Paz Nacional” siguen libres y el senador Uribe no. Parecen referirse a miembros del partido FARC que hoy participan en política, algunos de ellos como integrantes del Congreso de la República, pero compareciendo ante la Jurisdicción Especial de Paz -JEP-.

Cabe recordar, sin embargo, que la medida adoptada en contra del ex presidente Uribe no se refiere a un proceso relacionado con actos cometidos en el marco del conflicto armado, sino a los delitos de fraude procesal (Art. 453 del Código Penal) y soborno a testigo en actuación procesal (Art. 444 del Código Penal). Es decir, delitos presuntamente cometidos en en un escenario distinto al de una confrontación armada.

En segundo lugar, frente a la idea de que el hoy senador no cuenta con garantías y que todo se trata de una persecución judicial, la medida de aseguramiento no cambiará materialmente la condición en la que se encuentra en estos momentos. Además, pocas personas cuentan con los recursos de los que él dispone para ejercer su defensa. Por ello, no es razonable suponer que se le desconocerán las garantías constitucionales o mucho menos que estamos en manos de una judicatura que emprende persecuciones, o ¿cómo explicar el reciente fallo de tutela a favor del ex ministro Arias en el cual se protege su derecho al debido proceso?

Así, aunque un sector importante de la sociedad considere que es oportuno reformar las instituciones básicas y que todo eso es poco en aras de favorecer los intereses de un ciudadano, no se puede pasar por alto que tal como están diseñadas nuestras instituciones ese y otros -no muchos, habida cuenta del carácter selectivo y discriminatorio con el que opera el sistema penal- ya cuentan con las garantías suficientes para defenderse.  El llamado, por lo tanto es a respetar las instituciones y dejarles hacer su trabajo.